Seguridad Pública y Sistema de Justicia Penal

1. Seguridad Pública y Sistema de Justicia Penal IX Foro de Derechos Humanos Sistema Universitario Jesuita Mtro. Luis Arriaga Valenzuela, s.j. 27 de Octubre de 2010

2. Iniciativa de reforma del fuero militar (18 de octubre) • Reflejan falta de compromiso. • Cambios cosméticos. • Modifican algunas circunstancias pero no van al fondo. • No pone fin a las condiciones estructurales que posibilitan y alientan la comisión de violaciones de derechos humanos. • Cambios cuyos beneficios son invalidados por medidas regresivas en otros ámbitos. • Ejemplifica el doble discurso gubernamental en el ámbito internacional.

3. Abusos militares • Despliegue del ejército como parte de la estrategia sexenal de seguridad pública. • No se ha consolidado la seguridad como tarea de las instancias civiles. • Agosto de 2009: debate en la SCJN en torno a la aplicación del fuero militar a los delitos cometidos por personal castrense contra civiles. • Uso inconstitucional del fuero (art. 13 de la Constitución), pero ampliado indebidamente en el Código de Justicia Militar (art. 57), propicia la impunidad en numerosos casos de abusos militares.

4. Caso ante la Suprema Corte tenía que ver con el asesinato de cuatro civiles. Las investigaciones y el proceso de los militares fueron realizados ante las instancias castrenses, lo que generó opacidad e intimidó a las familias. • Fueron la opacidad y la falta de acceso a la justicia las que condujeron a buscar que el caso fuera visto por la justicia civil. • Presión por parte del Ejecutivo Federal sobre los magistrados de la Corte a fin de no revisar el asunto planteado. • Los magistrados optaron por señalar que no había interés jurídico por parte de los solicitantes (la esposa de uno de los civiles asesinados).

5. Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos • Ordena la modificación del artículo 57 del Código de Justicia Militar. • Iniciativa de reforma solo contempla tres delitos: desaparición forzada, tortura y violación. • No excluye a autoridades militares del proceso. Implica posible reclasificación del delito y deficiencia en las investigaciones.

6. Campesinos ecologistas • Caso actualmente ante la Corte Interamericana. • Los abusos cometidos por los militares contra ellos no se limitan a los tres de la iniciativa de Felipe Calderón. • Detenidos arbitrariamente. • Presentados con mucha dilación ante una autoridad civil. • De ser aprobada la reforma presidencial no se podría sancionar en el fuero civil a los militares que detuvieron a Rodolfo y Teodoro. Con ello la impunidad seguiría siendo el rasgo principal en la actuación de los militares.

7. Estadísticas de abusos registrados por el Centro Prodh • De julio de 2009 a junio de 2010 (Información obtenida a través de algunos medios de comunicación): En 80 casos de abusos militares, los cinco tipos más frecuentes fueron: • Agresión física (que no en todos los casos constituye tortura) • Detención arbitraria • Ataque con arma de fuego • Cateo sin orden judicial • Homicidio. No podrían ser vistos por la autoridad civil, pese a las modificaciones.

9. Seguridad • Se promueve un discurso de derechos humanos que en la práctica es visto como un límite para la aplicación de medidas autoritarias. • Es vista en función de la estabilidad del Estado (de los grupos de interés que tienen primacía en él) y no en función de las personas. • Clasifica a las víctimas como efectos colaterales. Anuncia que habrá que sacrificar a algunas personas para alcanzar la tranquilidad.

10. El enemigo en este sexenio ha sido el narcotráfico. • Los homicidios (no ejecuciones), la privación ilegal de la libertad (no levantones), las extorsiones, los sobornos y numerosos delitos son ahora fácilmente diluidos, sin investigación alguna. • Los poderes (constituidos legalmente o fácticos) encuentran en este ambiente una atmósfera en la que se mueven con total impunidad. • Actúan con impunidad los narcotraficantes, las bandas de secuestradores, los grupos dedicados al robo de bienes específicos (ganado, autos, gasolina), asesinos de mujeres por razón del género, violadores, traficantes de personas, etcétera. • Aprovechan esta impunidad quienes cometen delitos de cuello blanco, cambian de un puesto a otro en el gobierno sin ser sancionados por aprovechar las relaciones políticas, evaden procesos penales por su posición privilegiada, obtienen concesiones en procesos opacos o sucios, etc.

11. Una estrategia de seguridad debe partir del reconocimiento de la complejidad del fenómeno de la delincuencia. • Los factores que hacen posible el delito tienen que ver con el conjunto de condiciones sociales. • Generalmente son favorecidos por la impunidad quienes tienen más recursos a su alcance: dinero, abogados, relaciones políticas, por ejemplo. • La reducción de la política de seguridad al combate a un grupo (con una forma de combate: el ataque armado) y a un tipo específico de delitos muestra lo erróneo del diagnóstico y, por lo tanto, lo erróneo de las medidas adoptadas. • No se trata solamente de las enormes cantidades de dinero, sino de la complicidad (u omisiones) del sistema financiero; no es solamente la debilidad o corrupción de los cuerpos policiales municipales, sino la complicidad de altas instancias gubernamentales y la similaridad en el actuar arbitrario y autoritario.

12. Abordar en este contexto la seguridad implica tener una mirada amplia y de largo plazo que privilegie los derechos humanos y la democracia. • El diseño de una política criminal centrada en el uso mínimo, racional y estratégico del derecho penal. • La reforma policial. • La transparencia y la rendición de cuentas. • Los controles civiles sobre las autoridades castrenses. • La participación ciudadana efectiva. • La persecución de los delitos de cuello blanco y de servidores públicos.

13. La no estigmatización de los sectores marginalizados. • El respeto irrestricto a los derechos de las víctimas y de los imputados. • La tutela del derecho a la intimidad en las estrategias de comunicación social de los órganos que integran los sistemas de justicia y seguridad. • La renovación de las políticas de prevención del delito. • La regulación apropiada del uso de la fuerza, etc.

14. Sistema de justicia • Se requiere el adecuado funcionamiento del sistema penal dentro de procesos democráticos. • Las deficiencias actuales de este sistema se originan en su perfecta adecuación y funcionamiento en el contexto de un estado autoritario. • Dos periodos de gobierno con otro partido en el ejecutivo federal no han significado el fin del régimen autoritario ni de los privilegios para los grupos encumbrados. • Coneval, entre 2006 y 2008 la incidencia de la pobreza patrimonial aumentó de 42.6% a 47.4%, y la pobreza alimentaria pasó de 13.8% a 18.2%; respectivamente (50 y 20 millones de seres humanos).

15. Era empleado para perseguir, encarcelar, amenazar, hostigar o inhibir a quienes disentían y exigían modificaciones en el diseño estructural de los sistemas político y económico. • Irregularidades avaladas por jueces y magistrados sujetos a las órdenes del Ejecutivo: • La tortura. • Detenciones arbitrarias. • Cateos. • Ejecuciones extrajudiciales. • Deficiencias en la integración de averiguaciones previas. • Falta de pruebas. • Presentación de testigos falsos, etc.

16. El sistema de justicia constituye un bastión que resiste a adaptarse a las exigencias de mayor transparencia y de respeto a los procedimientos establecidos. Casos recientes atraídos por la Suprema Corte, entre ellos los de Alberta Alcántara y Teresa González, han mostrado que persiste la inercia de los jueces ante la actuación irregular de las instancias de procuración de justicia.

17. Se han hecho intentos para transitar a un sistema de justicia favorable a los derechos humanos (tanto de víctimas como de imputados). • Por ejemplo el tránsito a un sistema acusatorio y oral. • Lamentablemente hay en las reformas de 2008 aspectos regresivos que constituyen un fuerte motivo de preocupación. • -definición laxa de delincuencia organizada • -arraigo.

18. Reproduce y agudiza las dinámicas de exclusión y marginación al servicio de los estamentos dominantes. • Quienes se oponen al actuar autoritario y quienes tradicionalmente han sido vistos como enemigos del Estado experimentan de manera más grave las violaciones de derechos humanos originadas en estos ámbitos. • Defensoras y defensores de derechos humanos, activistas sociales, líderes comunitarios, mujeres, indígenas, jóvenes, son algunos de los más afectados por el sistema de justicia en México.

19. Cualquiera de estos tres ámbitos (militares, seguridad, sistema de justicia) ofrece posibilidades amplias para que desde el gobierno se impulsen cambios orientados a reforzar la vigencia de los derechos humanos. • Los intereses facciosos, la falta de un diseño estructural adecuado y coherente, la reticencia a enfrentar decididamente a todos los grupos cuyos intereses se sobreponen al de las ciudadanas y ciudadanos, constituyen los factores que mantienen inalterada la composición del Estado mexicano y, por lo tanto, nos mantienen en la impunidad. • La misma impunidad constituye hoy un obstáculo para el ejercicio y la exigencia de los derechos humanos. • Vulnerabilidad de defensores y defensoras de derechos, así como de activistas sociales y de comunidades que día a día resisten. • La democracia sólo puede construirse con la participación de todas y todos.

20. Gracias Si desea recibir información sobre la situación de los Derechos Humanos en México, favor de escribir a: informacion@centroprodh.org.mx Twitter: @sididh