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Sistemas de Información sobre PID

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Sistemas de Información sobre PID. I. “ Seguridad democrática” y prevención del desplazamiento forzado. Desplazamiento Forzado durante el actual gobierno Agosto de 2002- Diciembre de 2006. Mapa de los 50 municipios más afectados en 2005 según tasa por cada 100.000 habitantes (CODHES).

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Presentation Transcript
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I

“Seguridad democrática” y prevención

del desplazamiento forzado

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El reconocimiento de la especial condición de vulnerabilidad de las personas desplazadas y los desarrollos posteriores a la Sentencia T-025 de 2004

los problemas estructurales de la pol tica publica
Entre la Ley 387 de 1997 y la declaratoria del ECI en 2004:

Prevención: Mas de 2 millones de personas desplazadas desde 1997

Atención centrada en AHE. ACNUR 1998 2002: 30% PD atendida en AHE

Carácter excepcional y marginal de Soluciones duraderas:

Enfoques diferenciales: Enunciado formal si desarrollos

Limitaciones estructurales para la participación de la PD en la construcción y seguimiento de las respuestas institucionales

Ausencia casi total de respuestas publicas territoriales

Experiencias de retorno: Mínimas y sin garantías de seguridad vulnerabilidad y sostenibilidad socioeconómica

ECI: Los importantes avances normativos que reconocen derechos a la PD no tienen un correlato en la disposición de recursos institucionales y financieros por los gobiernos, de lo cual se deriva un desconocimiento sistemático y masivo de los derechos.

Principales ordenes de la Corte Constitucional

Universalidad en la atención de la PD

Realización de Derechos como criterio esencial

Definición objetiva de la condición de personas desplazada

Atención básica y progresiva de los derechos: Una responsabilidad estatal

Rendición social de cuentas

Participación de la Población Desplazada

Los problemas estructurales de la política publica
impacto de la sentencia t 025 de 2004
ADOPCION DE INDICADORES DE REALIZACION DE DERECHOS. Este es el principal avance del Estado colombiano desde 2004 pero aun no ha culminado el proceso.

CARACTERIZACION Y REGISTRO. A juicio de la Corte Constitucional esta debe ser la línea de base de la política, pero, el gobierno reconoce grandes limitaciones en este campo, las cuales no han sido resueltas

PARTICIPACION DE LA PD. Se han promovido las mesas de población desplazada a nivel nacional y territorial pero no existen condiciones adecuadas para su funcionamiento y para el cumplimiento de sus funciones

PREVENCION Y PROTECCION. La política de prevención se equipara a política de seguridad, pese a que el Estado es una parte del Conflicto de acuerdo con normas de DD.HH y el DIH La Corte Constitucional ha demandado una política de prevención y protección concebida desde la perspectiva de los derechos de la PD y de la población en riesgo de desplazamiento

AHE Este componente se ha incrementado sustancialmente, pero sigue siendo deficiente en términos de oportunidad y no han línea de continuidad entre AHE y las demás etapas de la política

POLITICA SECTORIAL. Incremento significativo de programas de acceso a derechos básicos como salud (40% tiene algún servicio) y educación y limitaciones estructurales en soluciones duraderas como vivienda, generación de ingresos, acceso a tierras, derechos de justicia transicional, etc.

POLITICA TERRITORIAL. Desequilibrios profundos de la respuesta nacional y territorial en las regiones: Inequidad horizontal y ausencia de instrumentos objetivos de subsidiariedad y coordinación. Avances en algunas ciudades

POLITICA DIFERENCIAL. Existen avances en algunas instituciones pero no hay una política diferencial explicita basada en indicadores de derechos especiales de mujeres, niños, discapacitados, grupos étnicos.

POLITICA FINANCIERA. Incremento significativo de inversión en 2005 y 2006 promesa de 5.7 billones para el periodo 2004-2010. Pero el estimativo financiero no se basa en indicadores de realización de derechos EJ: Inversión promedio por familia en vivienda para el periodo: $2’900.000 por unica vez y por un año.

JUSTICIA TRANSICIONAL. Enunciado sin desarrollo material de la responsabilidad del Estado en la Política ni el Plan de Desarrollo

Impacto de la Sentencia T-025 de 2004
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Los derechos a la verdad la justicia y la reparación y la problemática especifica de las tierras y el desarrollo rural
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