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FORMAS DE PROPIEDAD Y SU REGISTRO

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FORMAS DE PROPIEDAD Y SU REGISTRO. LAS TIERRAS INDÍGENAS Y RECURSOS NATURALES. La desaparición de los aborígenes, consecuencia del impacto de la colonización, ha obligado a numerosos investigadores, historiadores y otros profesionales a fines a realizar profundos estudios, aun no concluidos.

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La desaparición de los aborígenes, consecuencia del impacto de la colonización, ha obligado a numerosos investigadores, historiadores y otros profesionales a fines a realizar profundos estudios, aun no concluidos.

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Se calcula que la población autóctona de Cuba ascendía a más de 100 mil habitantes al comenzar la ocupación en la Isla por los españoles, sin embargo en 1550 se advierte que solo quedaban 4 mil habitantes, fecha de las primeras Actas capitulares conservadas del Cabildo de La Habana.

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El 12 de octubre de 1492 desembarcó Cristóbal Colón a la primera del Nuevo Mundo “La tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto” tal como sentenciara.

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Más de un mes dedicó Colón a explorar las costas cubanas, de la cual le causó embrujo su belleza, su naturaleza, sus puertos y sus tierras. Observaba a sus pobladores a los que llamó Indios, al igual que a los encontrados en sus sucesoras conquistas, buscaba las riquezas soñadas, principalmente el oro.

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Cuba fue la última preciada Joya de la Corona en el nuevo mundo, justamente duró la colonización hasta 1899. La vida colonial se asentó con el reparto de solares a los colonizadores y tierras para crías y labranzas, cuyas mercedes fueron confirmadas por España en 1516 y después elevadas a perpetuidad.

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Los Cabildos o Consejos municipales gobernaban las villas, el Gobernador representaba a los Reyes, la Casa de Contratación monopolizaba el comercio colonial y la Iglesia Católica era el otro gran poder.

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La Explotación de los indios mediante la servidumbre, la minería, la ganadería y la agricultura como las principales actividades económicas que existían, unido a

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la introducción de esclavos africanos para resolver las insuficiencias ante el trabajo rudo trajo como consecuencias la desaparición definitiva de los aborígenes, no trascendiendo a nuestros días poblaciones de tal naturaleza.

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En el siglo XVI queda determinado su exterminio, la Isla casi queda despoblada tras las sucesivas expediciones de conquista a México y la Florida, así como la emigración al Perú y otras tierras.

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En 1555 con la ocupación de La Habana por Corsarios y Piratas, hacen reflexionar a España acerca de la importancia estratégica de la mayor de las Antillas.

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Las tierras cubanas se destinan entonces, al desarrollo de la ganadería y la agricultura. La Habana debía convertirse en una Plaza fortificada, donde se reunieran cada año las dos flotas que debían partir juntas a España con el oro y la plata americana.

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A finales del siglo XVI aparecieron los primeros ingenios azucareros, reglón que a partir de ese momento marcaría los derroteros de la historia de Cuba. Esta industria se expandiría increíblemente. Aparece también el Tabaco como reglón importante.

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En el período comprendido entre 1899, fecha que marca el cese de la soberanía española y el 1º de enero de 1959, fecha en que triunfa la Revolución cubana que pone fin a la intervención norteamericana, no se producen cambios trascendentales en las relaciones de propiedad, más bien un asentamiento de los dispuesto por la legislación española que trascendió hasta nuestros días. Tómese en cuenta que el Código Civil estuvo vigente hasta 1987 y la Ley Hipotecaria Española de 1893 y su Reglamento aun están vigentes parcialmente.

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Con el triunfo de la Revolución cubana de 1959, se abre para Cuba una nueva etapa caracterizada por profundos cambios en lo político, económico y social que se expresarían en la transformación de las relaciones de propiedad y en la creación de forma progresiva, de un nuevo marco de relaciones jurídicas donde la propiedad estatal socialista y el sistema socialista de economía desempeñan un rol predominante, en torno a las cuales se establecen todas las demás relaciones, incluidas las de carácter privado.

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En 1959 se dicta una nueva Constitución, que tenía un carácter progresista fruto de las luchas de clases, fundamentalmente estableció:
el derecho de tanteo del estado en toda adjudicaci n o venta forzosa de propiedades inmuebles
El derecho de tanteo del Estado en toda adjudicación o venta forzosa de propiedades inmuebles,
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La prohibición del latifundio y la limitación a la adquisición y posesión de la tierra por personas y compañías extranjeras,
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La prohibición de imponer gravámenes perpetuos sobre la propiedad del carácter de los censos y otros de naturaleza análoga, entre otros.
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A partir de esta Constitución se dictaron Leyes de profundo contenido social dirigidas a canalizar las transformaciones de las relaciones de propiedad existentes en el país: la eliminación del latifundio, la solución del problema de la vivienda, y la recuperación del patrimonio de la nación que había sido entregado por los gobiernos de la seudo república a las compañías extranjeras y a la burguesía nacional. Esas disposiciones afectaban en gran medida la propiedad inmueble, influyendo en el sistema de publicidad regulado en la Ley Hipotecaria de 1893, de todas ellas las fundamentales para el tema que nos ocupa son las siguientes:

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Entre otras dedicadas al proceso de Nacionalización y Confiscación como rescate del patrimonio de la Nación.
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El 24 de febrero de 1976, fue proclamada la Constitución de la República vigente en nuestro país, que deroga la establecida en 1959. Entre diversas cuestiones que legitima y regula, refrenda las formas de propiedad existentes en nuestro país, materializadas a su vez, en la Ley No. 59 Código Civil de fecha 16 de julio de 1987, que derogó el Código Civil español de 5 de noviembre de 1889 como expresamos anteriormente.

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Las tierras que no pertenecen a los agricultores pequeños o cooperativas integradas por estos, el subsuelo, las minas, los recursos naturales tanto vivos como no vivos dentro de la zona económica marítima de la República, los bosques, las aguas y las vías de comunicación.

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Los centrales azucareros, las fábricas, los medios fundamentales de transporte y cuantas empresas, bancos, instalaciones han sido nacionalizados y expropiados a los imperialistas, latifundistas y burgueses, así como las fábricas, empresas e instalaciones económicas y centros científicos, sociales, culturales y deportivos construidos, fomentados o adquiridos por el Estado y los que en el futuro construya, fomente o adquiera.

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La tierra y otros medios e instrumentos de producción, las viviendas, instalaciones, medios culturales, recreativos y otros bienes aportados por sus miembros y los construidos o adquiridos por las mismas.

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Las edificaciones, instalaciones, medios e instrumentos que resulten necesarios para la explotación a que se dedican.
la vivienda casa de descanso solares yermos y dem s bienes adquiridos por cualquier t tulo legal y
La vivienda, casa de descanso, solares yermos y demás bienes adquiridos por cualquier título legal, y
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PROPIEDAD DE EMPRESAS MIXTAS, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES ECONÓMICAS QUE SE CONSTITUYAN CONFORME A LA LEY: Destinadas fundamentalmente a la inversión extranjera autorizada expresamente en nuestro país.

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Como hemos explicado en otros momentos, en nuestro país las funciones del Registro de la Propiedad y con ello el sistema de publicidad, quedaron paralizadas con los cambios operados en los primeros años de la Revolución, funciones establecidas desde 1880 con el propósito de de facilitar el crédito territorial para el fomento de la agricultura y del comercio lo cual requería de un Registro riguroso y público de los bienes inmuebles, como garantía para la realización de los préstamos hipotecarios, entre otras cuestiones.

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La práctica de esos años se encaminó a la creación de Registros de carácter administrativo para el control de los recursos asignados a los diferentes organismos.

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Con las Leyes Generales de la Vivienda dictadas en el año 1984 y después la de 1987, aun vigente, se pretendió rescatar la Institución, solo a los fines de la Vivienda y luego incorporar los solares yermos, lo cual quedó en el intento, sin materializarse efectivamente tales propósitos.

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Asimismo, en virtud del Decreto Ley 79 de 1984 y la Resolución 597 de 1987 del Ministerio de la Agricultura, se crea el Registro de Tenencia de la Tierra con carácter obligatorio, lo que marcó un paso importante en el control del Estado sobre la tierra existente en el país.

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Varias razones sirvieron de fundamento para que el Estado tomara la determinación de restablecer y reactivar las funciones del Registro de la Propiedad, fue entonces, cuando en virtud del Decreto Ley 185 de 28 de mayo de 1998 se transfieren las funciones relacionadas con el Registro de la Propiedad al Ministerio de Justicia, lo que constituyó un paso decisivo en la reforma legal del sistema de publicidad registral inmobiliario previsto en la Ley Hipotecaria de 1893.

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De la puesta en vigor de este Decreto Ley hasta la actualidad, han transcurrido 10 años de ingentes esfuerzos caracterizados por lograr el rescate, la organización y el reestablecimiento del funcionamiento de tan importante actividad.

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Asimismo, ha concluido una etapa legislativa determinada por la adaptación de la Ley Hipotecaria de 1893 a nuestras condiciones actuales, como remedio legal indispensable, lo cual ha servido para impulsar la actualización de los asientos con respecto al tráfico jurídico desarrollado por más de 30 años, de lo cual nada quedó inscrito en el Registro.

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En los momentos actuales, se encuentran prestando servicio 158 Registros de la Propiedad, los que tiene un carácter territorial por municipios. Se han logrado inscribir alrededor de 200 mil inmuebles, actualizando en el mayor número de casos, las fincas e inmatriculando otro número cuyos antecedentes no se encontraban en el Registro.

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Básicamente el procedimiento registral establecido, debe dar respuesta a los problemas acumulados en todos estos años, como son el perfeccionamiento de los títulos, los que han adolecido de la descripción correcta y la expresión de las medidas y linderos; garantizar la seguridad jurídica de los actos que se produzcan; el rescate del orden y la legalidad de los bienes inmuebles; la reducción de trámites innecesarios sobre actos dispositivos, establecidos por la administración ante la falta de Registro de la Propiedad; e impulsar de manera decisiva la inscripción de la formas de propiedad vigentes en nuestro país, que hoy ingresan según los supuestos de inscripción establecidos.

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Ha quedado definido por el Ministerio de Justicia el fin de la etapa organizativa de la Institución, la nueva Ley del Registro de la Propiedad, en la que nos encontramos trabajando debe abrir el camino de un nuevo sistema de publicidad identificado con los siguientes aspectos:

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Garantizar mediante la publicidad registral, la certeza y seguridad jurídica de los bienes inmuebles y derechos sobre estos que consten inscritos, otorgándoles la presunción de verdad legal, oponible a tercero, mientras no se declare su inexactitud.

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Responder al principio de territorialidad, en tanto los inmuebles se inscriben según la demarcación territorial donde se encuentren, lo que por la división político administrativa de nuestro país corresponde a los municipios.

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El carácter de la inscripción será declarativa y obligatoria, o sea siguiendo los postulados de la legislación civil en tantos los derechos nacen, se crean, modifican o extinguen fuera del Registro, pero una vez realizado lo anterior, debe hacerse constar obligatoriamente en este para que produzca efectos jurídicos.

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El Registro se organizará por el Sistema de Folio Real por la conveniencia que ofrece este frente al sistema de folio personal y porque ha sido el que ha enarbolado el registro desde su implementación en nuestro país en 1880.

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Constituye un elemento importante el uso de las nuevas tecnologías para garantizar un servicio ágil y eficiente desde la presentación, la inscripción y la publicidad de los documentos afines sin menoscabo de la seguridad jurídica y por la urgencia de actualizar los asientos del Registro en el menor tiempo posible.

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El Registro tendrá carácter público, con interés legítimo para conocer el contenido de sus asientos, hasta tanto se logre la actualización definitiva de estos.

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Rogación, Prioridad, Legalidad, Tracto Sucesivo, Inscripción, Especialidad, Publicidad y Legitimación.