Control difuso de constitucionalidad

1. Control difuso de constitucionalidad Lic. Raúl M. Mejía Garza Secretario de Estudio y Cuenta de la SCJN

2. Parámetro de análisis de control (todos los jueces del país) • Todos los DDHH contenidos en la Constitución Federal (Art 1º y 133), jurisprudencia del PJF. • Todos los DDHH contenidos en Tratados Internacionales en los que México sea parte. • Criterios vinculantes de la CoIDHestablecidos en las sentencias en las que el Estado mexicano haya sido parte, y criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado mexicano no haya sido parte.

3. Parámetro de análisis de control (todos los jueces del país) • Los tratados competencia de la CoIDH: • Convención Americana sobre Derechos Humanos; • Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; • Párrafo a) del artículo 8 y en el artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”; • Artículo 7 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención De Belém Do Pará"; • Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; y, • Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

4. Pasos para realizar este tipo de interpretación • Interpretación conforme en sentido amplio. • Los jueces del país (y todas las autoridades del Estado mexicano) deben interpretar el orden jurídico conforme a los DDHH establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. • Interpretación conforme en sentido estricto. • Si hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben preferir aquélla que hace a la ley acorde a los DDHH establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos. • Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. • No rompe con la lógica del principio de división de poderes ni del federalismo. • Fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los DDHH establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte.