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MENDEZ VALLES, Fernando c.PESCIO, A.M. CSJN, 26/12/1995 LL 1996-C-499. Méndez Valles promueve demanda ejecutiva por cobro de alquileres contra la firma A.M.Pescio SCA. Méndez Valles invoca su carácter de cesionario de los derechos y acciones que tenía Mario J.Copello contra Pescio SCA.

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MENDEZ VALLES, Fernando c.PESCIO, A.M.

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Presentation Transcript


Mendez valles fernando c pescio a m

MENDEZ VALLES, Fernando c.PESCIO, A.M.

CSJN, 26/12/1995

LL 1996-C-499


Mendez valles fernando c pescio a m

  • Mndez Valles promueve demanda ejecutiva por cobro de alquileres contra la firma A.M.Pescio SCA.

  • Mndez Valles invoca su carcter de cesionario de los derechos y acciones que tena Mario J.Copello contra Pescio SCA.


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  • Pescio SCA (locatario) haba entablado antes una demanda contra Copello (locador), que tramitara ante la justicia civil de Capital Federal, en el que se haba fijado el valor locativo de cuatro aos de arrendamiento de una cantera de yeso ubicada en Mendoza (Malarge) que la inquilina adeudaba (sentencia del 27/12/89).


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  • El actor adjunt, para acreditar la cesin, un instrumento privado que aparece suscripto por l y por Copello, fechado el 7 de enero de 1986, en Montevideo.

  • Ese documento fue protocolizado el 22 de octubre de 1987.

  • Se agreg tambin una carta documento enviada a Pescio el16 de octubre de 1990, en el que se lo notifica de la cesin de derechos.


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  • Pescio opuso la excepcin de inhabilidad de ttulo.

  • Sostuvo que la documentacin en la que se fundaba la hipottica cesin era nula, de nulidad manifiesta, puesto que la cesin de derechos litigiosos deba hacerse de conformidad a lo prescripto por el art.1455 del Cdigo Civil es decir, escritura pblica o acta judicial- lo que no se haba cumplido en el caso.


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  • El Juez de Primera Instancia hizo lugar a la excepcin planteada.

  • La Cmara Nacional de Apelaciones en lo Civil, confirm la decisin.


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  • Dijo la Cmara que eran requeribles las exigencias del art.1455 del CC., conforme la exgsis que hizo del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940.


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  • Mndez Valles interpone recurso extraordinario con fundamento en que se estara poniendo en debate la inteligencia e interpretacin del art.36 del Tratado de Montevideo, como as tambin la garanta constitucional prevista en el 17 de la C.N.


Corte suprema de justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

  • Considerando 4: Que el recurso fue bien concedido, pues lo atinente a la interpretacin de los tratados internacionales ley suprema de la nacin (art.31, de la Constitucin Nacional)- suscita cuestin federal de trascendencia a los efectos de esta va extraordinaria


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  • Considerando 5: Que ello importa el abandono del distingo formulado en algunos precedentes de esta Corte. Segn el cual cuando las normas de un tratado internacional funcionan como preceptos de derecho comn, no constituye cuestin federal su interpretacin (Fallos 266:151


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Dicha distincin se vincula a su vez con otra distincin aceptada con anterioridad (Fallos 189:375), entre la discusin de un tratado como acuerdo entre naciones independientes, que pone en cuestin las obligaciones contradas por la Repblica Argentina con los pases signatarios, y la inteligencia de l en el carcter de ley del pas que se le atribuye, modificatoria de ciertas disposiciones de derecho comn y procesal. Esta ltima no suscitara cuestin federal, a diferencia de la primera


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  • Considerando 6: Que el abandono de las distinciones aludidas radica en que cuando el pas ratifica un tratado internacional se obliga internacionalmente a que sus rganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que el tratado contemple, mxime si estos estn prescriptos con una concrecin tal que permita su aplicacin inmediata.


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Por ello, la prescindencia de las normas internacionales por los rganos internos pertinentes puede originar responsabilidad internacional del Estado argentino (cita) La mera posibilidad de que esta atribucin de responsabilidad internacional argentina se vea comprometida por la interpretacin y aplicacin de un tratado con una potencia extranjera configura, por s, cuestin federal bastante.


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  • Considerando 7. Que resultara indiferente a los efectos de la eventual responsabilidad internacional aludida, el hecho de que los preceptos del tratado cuya violacin se invocare funcionen como disposiciones de derecho comn, por lo que no es razonable fundar en esta circunstancia la inexistenmcia de cuestin federal.


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  • Considerando 8: Que por otra parte, la distincin de Fallos 185:375, en virtud de la cual slo suscita cuestin federal la interpretacin de un tratado en la medida en que es un acuerdo entre naciones independientes, pero no en tanto ley del pas, tambin es susceptible de revisin


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En efecto, el orden normativo general creado intencionalmente por el tratado e incorporado como ley del pas, es precisamente, contenido del acuerdo entre las naciones independientes y es el objeto de la fusin de las voluntades diferentes de los estados. Luego, interpretar el alcance del contenido del orden normativo general creado implica interpretar el objeto mismo del acuerdo.


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  • Cons.9: El tratado internacional es una norma orgnicamente federal, que importa un acto federal complejo, pues el Poder Ejecutivo Nacional lo concluye y firma (art.99, inc.11, C.N.), el Congreso nacional lo desecha o aprueba mediante una ley federal (art.75, inc.22, C.N.) y el Poder Ejecutivo Nacional ratifica el tratado aprobado por ley, emitiendo un acto federal de autoridad nacional.


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  • Cons.10. Que en tales condiciones, la naturaleza federal del tratado alcanza tambin a su contenido. Es irrelevante que la materia del tratado sea de las calificadas como de derecho comn, aun cuando se incorporen las normas del tratado a una ley nacional comn. Nada de ello puede enervar la sustancia federal que aqullas poseen en virtud de su fuente internacional.


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  • Cons.11. Que en el caso se discute la interpretacin del art.36 del Tratado de D.C.I. de Montevideo de 1940. El apelante sostiene que la forma del contrato de cesin de crditos celebrado en Montevideo entre Copello y l se rige por la ley uruguaya.


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  • Concluye ello a partir de lo prescripto en la norma mencionada, que establece que Las formas y solemnidades de los actos jurdicos se rigen por la ley del lugar en donde se celebran u otorgan.


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Ella consagra, a su modo de ver, el principio locus regit actum que, por otra parte contara con una amplia recepcin en el Cdigo Civil argentino (arts.950, 12, 1180, 1181, parte 1).


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  • Cons.12. Que de acuerdo a una recomendable metodologa de Derecho Internacional Privado, para la determinacin de la ley aplicable a un contrato con elementos multinacionales o un aspecto de l, corresponde en primer lugar indagar si las partes han ejercido la facultad de elegir el derecho nacional aplicable al contrato o de incorporar al contrato normas materiales derogatorias de las normas coactivas del derecho privado rector del negocio


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-sin perjuicio del orden pblico del derecho internacional privado del juez con jurisdiccin internacional y de las normas de polica, que no pueden ser desplazadas por la autonoma referida- (art.19, C.N., 1197, C.C.


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En caso contrario, es decir , si las partes no han ejercido ninguno de los tipos de autonoma mencionados


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En caso contrario, es decir , si las partes no han ejercido ninguno de los tipos de autonoma mencionados, cabe acudir a las normas de conflicto de fuente legal que regulan el caso. Tratndose de un asunto planteado ante un juez argentino, ste aplicar normas de conflicto argentinas para la determinacin del derecho aplicable.


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Pero ellas pueden ser, a su vez, de fuente interna o de fuente internacional. Estas desplazan, en lo pertinente, a las otras (art.31, C.N.).


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  • Cons.13. Que en el caso son de aplicacin las normas del Ttulo XI del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo (1940), pues se trata de un contrato celebrado en el Uruguay cuyo objeto y sus efectos estn localizados en la Argentina, y ambos pases han ratificado el acuerdo mencionado.


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Adems, de acuerdo a lo que tenido por probado en la causa, las partes no han ejercido la autonoma referida


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  • Cons.14. Que si bien el art.36 del Tratado establece que: Las formas y solemnidades de los actos jurdicos se rigen por la ley del lugar en donde se celebran u otorgan, dicha regla est precedida por otra con la que comienza el texto de la norma: La ley que rige los actos jurdicos decide sobre la calidad del documento correspondiente.


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Por su parte, la norma de conflicto del artculo 37 del mismo tratado determina cul es la ley que rige los actos jurdicos: La ley del lugar en donde los contratos deben cumplirse rige: a) su existencia; b) su naturaleza; c) su validez; d) sus efectos; e) sus consecuencias; f) su ejecucin; g) en suma, todo cuanto concierne a los contratos, bajo cualquier aspecto que sea.


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  • Cons.15. Que existe una aparente contradiccin dentro del art.36 del Tratado respecto de la ley aplicable a la forma de los actos jurdicos.


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Por un lado se remite a la ley que gobierna la cuestin de fondo La ley que rige los actos jurdicos decide sobre la calidad del documento correspondiente-, es decir, a la ley del lugar en donde el contrato debe cumplirse (conf.art.37


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Pero a continuacin se hace referencia a la ley del lugar de celebracin las formas y solemnidades de los actos jurdicos se rigen por la ley del lugar en donde se celebran u otorgan-.


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No parece razonable que el autor de la norma haya querido fracturar el derecho aplicable a los actos jurdicos, estableciendo una ley para la forma y otra diferente para los dems aspectos de ellos.


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  • Cons.16. Que en el informe del delegado argentino Carlos M.Vico, sobre los trabajos de las comisiones de derecho civil internacional, se expresa que: El ttulo de los actos jurdicos fue extensamente debatido. El rgimen en cuanto a la forma fue modificado en el sentido de admitir la tradicional regla locus regit actum, proscripta en el tratado vigente


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manteniendo la ley que rige el fondo del acto para la calidad del documento en el que conste


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Por otra parte. El relator de los trabajos de la comisin afirm el profesor Vico propuso la redaccin que vuetra Comisin acept por unanimidad, distinguiendo entre la calidad del documento correspondiente, que se rige por la ley que gobierna el acto jurdico, y sus formas y solemnidades, que siguen la ley del lugar en que se celebran u otorgan.


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Tal correccin concilia de manera muy acertada el inters del Estado cuya ley rige el acto jurdico y el de aqul donde ste se celebra, facilitando tambin a las partes la mejor y ms segura realizacin del mismo.


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  • Cons.17. se exhibe en este caso como de particular utilidad la regla interpretativa segn la cual, al interpretar una norma no debe dejarse sin efecto ninguna de sus disposiciones, sino que debe hallarse una inteligencia que las concilie, por encima de las contradicciones que pudieran aparentar.


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  • Cons.18. Que en lo atinente al derecho aplicable a la forma de los actos jurdicos multinacionales, cabe distinguir entre el derecho que IMPONE la forma o que exime de ella y el derecho que REGLAMENTA la realizacin de la forma impuesta (conf.Goldschmidt, DIPr, Derecho de la Tolerancia, n226 a 235


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De acuerdo a ppios.grales.aceptados de DIPr el derecho que rige el fondo del negocio es tambin el derecho aplicable a la forma, en lo referente a su NECESIDAD y a los efectos de su ausencia. En cambio, lo referente a los requisitos REGLAMENTARIOS de la formalidad exigida por la ley que rige el fondo estn sujetos a la regla locus regit actum, es decir a la ley del lugar de celebracin del acto.


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Cons.19. Que el art.36 del T.D.C.I. Montevideo (1940) es susceptible de una interpretacin acorde con aquellos ppios. En efecto, puede razonablemente entenderse que su primera parte, en consonancia con lo dispuesto en el artculo siguiente del tratado, remite a la ley que rige el fondo para la determinacin de la forma IMPUESTA, si es que alguna hubiera.


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A ello se refiere cuando indica que esa ley decide sobre la calidad del documento correspondiente. La ley de cumplimiento del contrato (art.37) determina qu calidad debe tener el documento en el que conste el acto


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Las formas y solemnidades de los actos jurdicos, que se rigen, en cambio, por la ley del lugar de celebracin, se refieren a los requisitos reglamentarios que debe revestir la forma impuesta por la ley que rige el acto jurdico


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  • Cons.20. Que la interpretacin expuesta dota de sentido a lo afirmado por uno de los autores de la norma en el sentido de que la introduccin en el Tratado de 1940 de la regla locus regit actum facilita a las partes la mejor y ms segura realizacin del acto jurdico (conf.informe del relator).


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En efecto, la realizacin del acto se vera innecesariamente complicada si la reglamentacin de sus solemnidades tuviera que regirse por una ley extraa a los eventuales funcionarios u otros participantes en su otorgamiento.


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  • Cons.21. Que a la luz del anlisis efectuado, el contrato de cesin de crditos celebrado en el Uruguay, cuyo objeto y efectos estn localizados en el pas, se rige por el derecho argentino en lo relativo a la calidad de la forma que deba revestir, tal como lo decidi la Cma en la sentencia apelada.


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No obsta a dicha conclusin la invocada consensualidad del contrato, ya que aunque pudiera considerarse que se perfeccion en el Uruguay, el cedente debe cumplir con su obligacin de transferir y garantizar el crdito litigioso en la Argentina, donde est radicado el juicio correspondiente.


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  • Cons.22. Que, por otra parte, tambin la ley argentina rige la oponibilidad de la cesin de crditos celebrada en el Uruguay al deudor cedido domiciliado en la Argentina. En efecto, si bien dicho aspecto del contrato no est contemplado por el Tratado de Montevideo de manera especfica, ya que l solo contiene normas sobre categoras generales de contratos,


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no puede considerarse que la cuestin sea totalmente ajena a sus reglas en materia de actos jurdicos. Ello es as, ya que, de acuerdo a su art.37 in fine, todo cuanto concierne a los contratos, bajo cualquier aspecto que sea lo cual indudablemente incluye la oponibilidad, en el caso de la cesin de crditos- se rige por la ley del lugar en donde el contrato debe cumplirse.


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  • Cons.23. Que a la misma solucin conduce la doctrina internacional segn la cual en esta materia debe distinguirse entre la ley que rige el negocio de cesin y la que rige la obligacin cedida, que pueden o no coincidir


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Ella fue receptada en el art.12 de la Convencin de Roma, sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales.


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De acuerdo a dicha doctrina, la ley que rige originalmente el crdito cedido y no la ley del contrato de cesin- determina las condiciones de oponibilidad de la cesin al deudor. Al tratarse de un crdito por alquiler de un inmueble situado en la Argentina cuyo monto se discuta al tiempo de la cesin en un juicio radicado en el pas, no cabe duda de que l es regido por el derecho argentino que determina, en consecuencia, las condiciones de oponibilidad de su cesin al deudor.


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Lo cual, adems, se compadece con el ppio.segn el cual las partes del contrato de cesin no pueden empeorar, por medio de su convencin, la situacin del deudor cedido (Batiffol)


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Ello podra ocurrir si la oponibilidad del contrato al deudor se rigiera por la ley del contrato de cesin, ya que las partes en ejercicio de alguna de las autonomas aludidas en el cons.12 o por medio de la celebracin del contrato en el extranjero, como ocurri en el caso- se veran facultadas para elegir un derecho que, por sus menores exigencias formales, podra perjudicar a aquel.


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  • Que, por ltimo, no corresponde a esta Corte la determinacin del carcter litigioso del crdito cedido y los efectos que ello pudiera tener de acuerdo al derecho civil argentino en relacin a alguna exigencia formal y a la oponibilidad de su cesin al deudor cedido, ya que se trata de materias de hecho y prueba y de derecho comn, ajenas por su naturaleza al mbito del recurso extraordinario.


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  • Se confirma la sentencia apelada.

  • Fdo.: OConnor-Nazareno-Lpez-Bossert-Boggiano

  • Fayt (disidencia) Belluscio (disidencia) Vzquez (segn su voto) Petracchi (disidencia)


Caf la virginia s a csjn 23 10 94

CAF LA VIRGINIA S.A.CSJN, 23/10/94

  • 30/04/1983. Argentina y Brasil celebran un Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociacin de Concesiones recadas en el perodo 1962/1980 (Acuerdo de Alcance Parcial n1), en el marco de la ALADI (creada por Tratado de Montevideo de 1980, aprobado por Ley 22354 y ratificado por nuestro pas).


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  • Este tratado bilateral estableci un porcentaje residual del 0% en concepto de derecho de importacin para determinado tipo de mercaderas.

  • El Ministerio de Economa argentino dict la Resol.174/86 y fij un derecho de importacin adicional del 10% a todas aquellas importaciones de mercaderas amparadas por instrumentos de negociacin acordados en la ALADI que previeran gravmenes residuales.


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  • El Poder Ejecutivo argentino impuso por Decreto 179/85- un gravamen sobre las exportaciones con destino al Fondo Nacional de Exportaciones, en el marco del art.23 de la Ley 23101.


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  • Caf La Virginia SA debi pagar los derechos de importacin por ingresar al pas una cantidad de caf crudo en grano desde Brasil.

  • Caf La Virginia SA inici un proceso judicial por sentirse agraviada por la implementacin de estas dos normas internas.


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  • Reclam su derecho a repetir de la Administracin Nacional de Aduanas la suma abonada en concepto de derecho de importacin adicional (Res.174/86 del Min.Econ) y adems, del gravamen impuesto para el Fondo Nacional de Promocin de Exportaciones segn Ley 23.101


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  • Dos son los problemas planteados:

  • Derivado de la delegacin legislativa al Min.de Econ. (legalidad de la delegacin) y la compatibilidad con los tratados internacionales

  • La facultad del P.E. para establecer el gravamen para el Fondo Nacional de la Promocin de Exportaciones


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  • En cuanto a la legalidad sostiene (Caf La Virginia) que el Min.de Econ. se excedi en sus facultades, ya que el art.665 del Cd.Aduanero establece una limitacin a la fijacin de gravmenes: que sean compatibles con los tratados internacionales.


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  • Sostiene que una norma interna no puede ir en contra del contenido de un tratado, tal como lo prev el art.27 de la Convencin de Viena sobre derecho de los tratados.

  • En cuanto a la facultad para establecer gravamen afirma que la Ley 22354 que aprob el Tratado de Montevideo base de la ALADI, es una disposicin especial en cambio la Ley 23101 es una ley general (ley especial deroga a la general, no al revs)


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  • El Fisco argument que el Tratado de Montevideo en su art.47 sostiene que en el caso de productos incluidos en la preferencia arancelaria regional o en acuerdos de alcance regional o parcial, que sean producidos o no se produzcan en cantidades sustanciales en su territorio, cada pas miembro tratar de evitar que los tributos u otras medidas internas que se apliquen deriven en la anulacin o reduccin de cualquier concesin o ventaja obtenida por cualquier pas miembro como resultado de las negociaciones respectivas.


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  • Es decir, si cada pas tratar implica que todo puede quedar en un intento pero nunca supone una obligacin de resultado.

  • Si no hay obligacin de cumplir el tratado no existe colisin entre sus disposiciones y las normas jurdicas internas.


Fallo de la csjn

FALLO DE LA CSJN

JERARAQUIA DE LAS FUENTES (Tratado-norma interna):

Considerando 6: Las normas de un tratado, por la propia naturaleza de un acuerdo internacional, son imperativas para los Estados Partes: No es coherente sostener que el tratado slo consagra un compromiso tico pero no jurdico.


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  • Considerando 8: Que en atencin a la imperatividad de los compromisos asumidos por nuestro pas en el marco del acuerdo de alcance parcial n1, la norma material (resol.Min.174/86) est en abierta colisin con la norma material que surge del tratado binacional.


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  • La aplicacin de una norma interna que transgrede un tratado adems de constituir el incumplimiento de una obligacin internacional- vulnera el principio de la supremaca de los tratados internacionales sobre las leyes internas (Fallo FIBRACA).


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  • Boggiano lo reafirma: el cumplimiento del contenido del Acuerdo N1 constituye para la Argentina una obligacin internacional (considerando 15).


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  • En FIBRACA se dijo que el art.27 de la Convencin de Viena impone a los rganos del estado argentino una vez resguardados los ppios.de derecho pblico constitucional- asegurar primaca a los tratados ante un conflicto con una norma interna contraria pues esa prioridad de rango integra el orden jurdico argentino y es invocable con sustento en el art.31 de la Carta Magna. Ello bastara para rechazar el agravio del Fisco Nacional


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  • que el ppio.de legalidad fiscal determina que el poder administrador no pueda recaudar ninguna contribucin que no haya sido creada por acto legislativo formal.

  • Sin embargo, se acepta que el legislador confiera cierta autoridad al Poder Ejecutivo a fin de reglar pormenores de la obligacin tributaria, siempre que la poltica legislativa haya sido claramente establecida.


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  • pero el legislador no tiene atribuciones para modificar un tratado por una ley. Porque comportara una transgresin al ppio.de la jerarqua de las normas (art.31 de la C.N.) y sera un acto constitucionalmente invlido.

  • Por lo tanto no puede delegar una facultad que no tiene (no puede violar un tratado!)


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  • Es irrelevante discutir el alcance de la limitacin contenida en el art.665 del Cdigo Aduanero pues es un ppio.implcito que todas las facultades que delega el legislador debern ejercerse respetando los convenios internacionales.


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  • La resol.Min.174/86 constituye un acto ilegtimo de ejercicio de atribuciones fuera del marco jurdico de la delegacin y ello es definitivo para fundar el rechazo del recurso del Fisco.-


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  • Que la ley 23101 crea el gravamen sobre las importaciones realizadas bajo el rgimen de destinacin definitiva de importacin para consumo.

  • Una primera interpretacin permitira considerar comprendido en el mbito material de aplicacin del artculo el ingreso al pas de caf crudo en grano originario de Brasil.


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  • Ello comportara sostener que el legislador argentino ha dictado una norma que contradice el rgimen de beneficios negociados en un acuerdo internacional.

  • Dicho en otros trminos, que ha incurrido en una transgresin a un tratado internacional y que la aplicacin de esa norma que colisiona con otra de rango superior debe ser desechada por incompatible con el ppio.de supremaca de los tratados sobre las leyes internas (arts.31 y 75, inc.22 de la C.N.).


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  • El Fisco Nacional debe ser condenado a restituir los importes percibidos.


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